El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley 33/2026 , una norma aprobada con carácter de urgencia para paliar los graves daños provocados por las lluvias torrenciales e inundaciones de la DANA «Adam», que azotó el litoral mediterráneo entre los días 17 y 19 de octubre de 2026. Esta normativa entra en vigor el 12 de noviembre de 2026 y despliega un paquete integral de medidas económicas, fiscales y de reconstrucción dirigidas principalmente a la Comunitat Valenciana y a las cuencas afectadas del Júcar y el Segura.
Apoyo directo a comercios, hostelería y turismo
Para evitar el cierre de negocios y proteger el empleo local en los municipios valencianos afectados, el Gobierno ha habilitado una línea de ayudas directas de cuantía fija gestionada a través de la Cámara de Comercio de España. Con un presupuesto total de 15 millones de euros, estas subvenciones no requieren una peritación individual previa y se conceden por orden de solicitud:
- 5.000 euros por establecimiento para trabajadores autónomos.
- 10.000 euros por establecimiento para pequeñas y medianas empresas (pymes) y entidades sin personalidad jurídica.
Para acceder a ellas, los negocios deben acreditar que sufrieron daños materiales o tuvieron que interrumpir o limitar su actividad de forma directa a causa del temporal, comprometiéndose además a mantener o reanudar su actividad en un plazo máximo de seis meses.
Rescate y subvenciones para el sector agrario
El campo, especialmente los cultivos de cítricos, hortalizas y caqui, es otro de los grandes focos de esta norma. El decreto establece dos ayudas principales para quienes tuvieran un seguro agrario en vigor y hayan dado parte del siniestro:
- Subvención a la prima del seguro: Se incrementa la ayuda pública hasta cubrir el 70 % del coste total de la póliza, el máximo permitido por la Unión Europea.
- Compensación de daños no cubiertos: Se crea una ayuda directa (a partir de 100 euros) para abonar la parte de la producción asegurada dañada que no haya sido indemnizada por la póliza.
Adicionalmente, se destinan 85 millones de euros para reparar de emergencia caminos agrícolas públicos e infraestructuras colectivas de riego (como acequias o balsas) cuyos daños superen los 100.000 euros, y se reabren las líneas de financiación bonificada ICO-MAPA-SAECA hasta marzo de 2028.
Beneficios fiscales y exenciones de impuestos
En el ámbito tributario, la norma alivia la carga fiscal de los damnificados durante el ejercicio 2026:
- Exención del IBI: Quedan exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2026 las viviendas, locales y fincas rústicas dañadas que hayan obligado al realojo de personas o bienes, o que hayan sufrido pérdidas agrícolas o ganaderas. Quienes ya hubieran pagado el recibo podrán pedir su devolución.
- Reducción del IAE: Los negocios obligados a cerrar temporalmente o trasladarse tendrán una rebaja en el Impuesto sobre Actividades Económicas proporcional al tiempo de inactividad.
- IRPF y Catastro: Se prevén reducciones en los módulos del IRPF para actividades agrarias, la gratuidad en la expedición de certificaciones catastrales de los inmuebles afectados y la exención en el IRPF de las ayudas públicas recibidas por daños personales.
Reconstrucción de costas, ríos y refuerzo de medios
Finalmente, el Real Decreto-ley declara de emergencia las obras de reparación en ríos, barrancos y litoral, aprobando créditos extraordinarios de 3 millones de euros para la Confederación Hidrográfica del Júcar, 1,5 millones para la del Segura y 70 millones de euros para restaurar las playas y mejorar la resiliencia de la costa valenciana. Asimismo, se flexibilizan las reglas fiscales de los ayuntamientos afectados para que puedan usar su superávit en tareas de reconstrucción y se agiliza la contratación de peritos en el Consorcio de Compensación de Seguros para acelerar el pago de indemnizaciones.
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